Desde Buenos Aires también opinan sobre Coviar: “Los problemas no se resuelven desmantelando instituciones”
El ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires formuló duras críticas contra el Gobierno nacional por las medidas tomadas que complican la continuidad de Coviar. Además, acusó a las políticas nacionales de ser causantes de la crisis sectorial de la vitivinicultura.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y ordenar el cese de las contribuciones que financiaban ese programa y “así limitar en los hechos el rol de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar)”.
Si bien el territorio bonaerense tiene una producción vitivinícola muy pequeña en comparación con Cuyo, Rodríguez quiso dejar planteada la posición de la administración que encabeza Axel Kicillof y opinó que la medida “implica un retroceso para toda la cadena vitivinícola”.
El funcionario reconoció que “es lógico discutir mejoras en el funcionamiento de la Coviar y del PEVI, porque toda política pública puede perfeccionarse”.
“Siempre hay cosas para corregir, desde revisar y calibrar los objetivos hasta la forma en que llegan los beneficios a los distintos actores de la cadena. Pero otra cosa muy distinta es decidir directamente desarmar una herramienta estratégica para el sector sin construir alternativas para el desarrollo vitivinícola”, cuestionó.
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LA COVIAR Y LAS POLÍTICAS DE MILEI
Rodríguez apuntó contra las políticas del presidente Javier Milei, señalando para el caso de la vitivinicultura que, “en los últimos dos años, la cantidad de viñedos en producción se redujo en más de 2000″.
“Una cifra realmente alarmante. En primer lugar, hay que decir que esto se debe a la política macroeconómica. Ahí hay que buscar las causas principales, y las soluciones. La vitivinicultura necesita más coordinación, más financiamiento y más acompañamiento del sector público, no menos. El problema no se resuelve desmantelando instituciones como celebra (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger”, agregó el ministro.
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En tanto, el ministro también advirtió que el cierre del PEVI se produce en paralelo con el achicamiento de organismos estratégicos para el sector.
En ese sentido, señaló la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y recordó que, de no haber mediado una medida cautelar impulsada por cámaras y entidades vitivinícolas, este año se habría eliminado el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), una herramienta clave para garantizar la trazabilidad y las estadísticas de la actividad.
Asimismo, cuestionó la eliminación del programa PROVIAR II, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y orientado a pequeños productores, y alertó sobre el ajuste en el INTA, organismo que históricamente sostuvo los Centros de Desarrollo Vitícola y los programas de Cambio Rural destinados a la asistencia técnica y extensión para pequeños y medianos productores.
“Cuando hay menos consumo, menos financiamiento y menos rentabilidad para productores y bodegas, la respuesta del Estado nacional no puede ser retirarse y dejar librada la actividad al mercado”, prosiguió Rodríguez.
“Lo que se necesita es fortalecer las herramientas de articulación público-privada para sostener el empleo, la producción y las economías regionales. La eliminación del PEVI va exactamente en el sentido contrario”, concluyó.
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