En medio de la polémica para habilitar proyectos de minería, la Sociedad Rural de la zona de Mendoza con mayor producción agropecuaria pidió, entre otras cosas, declarar como sitio protegido a una laguna.

La Sociedad Rural del Valle de Uco, una de las zona más productivas de Mendoza, le solicitó al gobernador, Alfredo Cornejo, que declare a la Reserva Laguna del Diamante como sitio RAMSAR, con el fin de que tenga “una protección hídrica relevante”.

Un sitio RAMSAR es un humedal que, cuando se declara de esa manera, se adquiere el compromiso legal de protegerlo, para que no se destruya el ecosistema ni la biodiversidad.

De esta manera, la entidad ruralista mendocina sumó su voz en el debate por el uso del agua en Mendoza, luego de la polémica que se suscitó en los últimos días por la decisión de la Legislatura de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos para practicar la minería -en búsqueda de cobre- en la región de Malargüe.

Sectores opositores, fundamentalmente del ambientalismo, cuestionan estas autorizaciones, porque consideran que violan la Ley Provincial 7.722, conocida como “Ley Guardiana del Agua”, y que se supone no permitiría este tipo de industrias en Mendoza.

MENDOZA, EL AGUA, EL AGRO Y EL TURISMO

“El Valle de Uco es turismo, agricultura y ganadería”, se titula el comunicado que dio a conocer la Sociedad Rural de esa región y que, si bien no hizo referencia explícita al debate por la minería, de alguna manera quedó claro que su postura es a favor de un cuidado estratégico del recurso hídrico.

De hecho, el comunicado cierra con tres postulados:

1. ¡Que se respete la Ley 7722! (ley ambiental)
2. No hay licencia social para que se afecte la zona periglacial y glaciar.
3. El agua es un recurso estratégico de la producción agropecuaria y turística que conlleva un valor agregado en sus productos.

De todos modos, el comunicado de esta entidad apunta hacia la Ley 26.639 de presupuestos mínimos en materia de glaciares, que incluye como instrumento de información el Inventario Nacional de Glaciares (ING) realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

También recuerda que, gracias a este ING que se completó en el año 2018, los científicos alertan sobre los espacios donde se encuentran estas “reservas estratégicas de recursos hídricos” claves para abastecer el consumo humano; la agricultura la recarga de cuencas hidrográficas; la protección de la biodiversidad y el turismo.

En este contexto, resta en el proceso de implementación de la Ley que cada jurisdicción provincial desarrolle -mediante leyes complementarias- el Ordenamiento Ambiental Territorial de Glaciares (OATG), norma que definirá mediante catalogación, mensura y deslinde el espacio preciso donde estos bienes de dominio público se encuentran.

“Este paso es de enorme trascendencia porque, una vez que un territorio es catalogado mensurado y deslindado por la legislatura provincial como glaciar o periglacial, automáticamente a él se le aplicarán las consecuencias jurídicas previstas en los artículos 6, 7 y 15 de la Ley 26.639. Serán meses de debate en todas las provincias cordilleranas y Mendoza no será la excepción”, repasa el documento.

Por eso, considera “importante” adelantarse a ese proceso e intervenir sobre la metodología que se va a utilizará para el OATG (ordenamiento ambiental territorial de glaciares), pidiendo que el procedimiento se dé con participación ciudadana, acceso a la información, con todas las garantías del Acuerdo Regional de Escazú (Ley 27.566).

“Para definir el OATG se deberán considerar no sólo la minería sino el resto de las actividades productivas y los demás usos del agua (consumo humano, recreación, industria, agricultura, etc.) Deberá pensarse en la realización de procedimientos de evaluación ambiental estratégica para considerar los impactos acumulativos, sinérgicos, tener estrategias que depositen su mirada a nivel de cuencas hídricas, y desde este punto de vista, sopesen el valor que tienen los glaciares como fuentes de abastecimiento en una zona como Cuyo, que es un desierto”, advierte la Rural de Uco.

Y completa: “El debate que viene debe ser en el marco del desarrollo sostenible, tanto económico, social y ambiental, sin posiciones agonales, considerando los modelos departamentales de desarrollo local (pensar global pero actuar local), priorizando actividades históricas y el consumo de las poblaciones, sin oposiciones ciegas o ideologizadas, pero recordando que el Valle de Uco es una marca internacional de Mendoza, con productos de exportación y emblemáticos que no se puede perder por intereses circunstanciales”.