Acopiadores versus exportadores: una dura acusación sacude al mercado de la soja
La Federación de Acopiadores denunció que hay empresas exportadores que estarían solicitando datos sensibles comerciales de los productores proveedores de la materia prima, lo que aseguran configura una conducta "ilegal" y "abusiva".
Con una carta abierta dirigida a los productores, la Federación de Acopiadores de Granos encendió una señal de alarma que ya empezó a resonar en toda la cadena agroindustrial.
Según denunció la entidad, un grupo de empresas exportadoras multinacionales estaría imponiendo nuevas exigencias para la compra de soja que -de confirmarse- lejos de ser un simple trámite administrativo, abren un conflicto de fondo sobre confidencialidad, legalidad y reglas de juego en el mercado granario argentino.
La advertencia no es menor: los exportadores estarían exigiendo a acopios y cooperativas que informen datos sensibles de todos los productores que comercializan su soja a través de ellos, como condición indispensable para poder venderles el grano.
Entre la información requerida figurarían las hectáreas sembradas, el nombre de cada establecimiento, la ubicación exacta del campo y el RENSPA de cada productor.
Pero el alcance va aún más lejos. De acuerdo con la Federación, las mismas exigencias se aplicarían también a los productores que venden de manera directa, obligándolos a compartir información confidencial que excede ampliamente lo vinculado a una operación comercial puntual.
“NUNCA OCURRIÓ ALGO ASÍ EN LA HISTORIA”
Desde la entidad que preside Fernando Rivara calificaron la situación como inédita y extremadamente grave.
“En la historia de nuestro mercado de granos han existido múltiples discusiones y hasta presentaciones en organismos públicos sobre diversos aspectos relacionados con el comercio de granos y la actividad de las empresas exportadoras. Pero jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera llegar a exigir, coercitivamente, que los acopios y cooperativas les informen la cartera de sus clientes”, afirmaron.
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En ese sentido, remarcaron que esta práctica vulnera “el principio elemental de preservación y protección de los datos comerciales de cada cliente”, uno de los pilares sobre los que se construyó históricamente la intermediación en el mercado de granos.
La Federación fue aún más contundente al describir el trasfondo de la maniobra. “La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos”, señalaron.
“Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”, admitieron los acopiadores.
“EXIGENCIA INVIABLE, OFENSIVA E ILEGAL”
El comunicado de la Federación de Acopiadores detalla con precisión los motivos por los cuales considera que esta exigencia que estarían haciendo los exportadores no tiene sustento técnico ni jurídico.
En primer lugar, la califican como inviable: en la operatoria diaria de un acopio resulta técnicamente imposible vincular cada camión de granos que sale de la planta con un productor específico que lo haya originado.
También la consideran ofensiva, porque viola el principio básico de confidencialidad comercial entre el acopio y sus clientes, una relación construida sobre la confianza y el resguardo de la información.
Desde #Acopiadores advertimos sobre una exigencia “ilegal y abusiva” de exportadores en la compra de soja.
Se trata de empresas multinacionales, que agrupadas ejercen una posición oligopólica y dominante del mercado.
¿Qué exigen?
pic.twitter.com/P1BbYfAglX— Acopiadores (@acopiadores) February 5, 2026
Pero además, sostienen que es innecesaria. “Ya existen mecanismos confiables para certificar compromisos ambientales internacionales”, recordaron, y pusieron como ejemplo el sistema VISEC, impulsado y coordinado por los propios actores del sector exportador.
Ese esquema, subrayaron, permite garantizar trazabilidad ambiental sin exponer datos comerciales, gracias al uso de información encriptada.
EL RESPALDO LEGAL Y EL LÍMITE NORMATIVO
Desde el punto de vista normativo, la Federación fue tajante. Aseguró que la exigencia exportadora violaría de manera directa la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y también disposiciones clave del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
Incluso recordaron que los propios sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan expresamente el secreto comercial. “La pretensión exportadora excede ampliamente lo establecido por la normativa pública vigente”, remarcaron.
En esa línea, cuestionaron el argumento ambiental esgrimido por las empresas. “La excusa de un supuesto ‘roadmap climático’ creado por las propias empresas no puede justificar una intromisión de esta magnitud”, indicaron.
Además, añadieron: “Resulta contradictorio que quienes participan activamente del sistema VISEC impulsen ahora un esquema paralelo que vulnera tanto la confidencialidad comercial como la trazabilidad ordenada”.
LLAMADO A LA UNIDAD DEL SECTOR
La Federación de Acopiadores advirtió además que este comportamiento podría encuadrarse en una violación directa de varios incisos del artículo 10 del Decreto 274/2019, lo que habilitaría a los afectados a iniciar acciones judiciales para frenar la práctica y reclamar daños y perjuicios.
En paralelo, la entidad informó que ya está poniendo en conocimiento de esta situación a las organizaciones representativas de productores y a los corredores de granos, con el objetivo de coordinar un plan de acción conjunto que impida la implementación de estas exigencias.
“La comercialización de granos en la Argentina se sostiene sobre reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad”, concluyeron desde la Federación.
Y dejaron una definición política que anticipa un conflicto abierto: “Cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente”.
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