Por cada litro producido, embotellado y vendido, los eslabones de la cadena del vino pagaban una contribución obligatoria que se usaba para financiar a Coviar. El Gobierno, aduciendo que esta entidad no cumplió los planes para los que se creó, eliminó este “impuesto”.

La cadena argentina del vino se encuentra sacudida por estas horas luego de que el Gobierno nacional finalmente oficializara lo que era un secreto a voces: la decisión de avanzar con el fin del financiamiento para la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Lo hizo a través de una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) en la que, en sencillos términos, le quitó a la Coviar su fuente de financiamiento: una contribución obligatoria que se pagaba por cada litro producido, embotellado y vendido en nuestro país.

El argumento oficial: que la Coviar fue creada por el kirchnerismo en 2004 con el fin de ejecutar un Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2020, cuyas metas no fueron cumplidas, y por eso tuvo diversas extensiones hasta transformarse en el PEVI 2030 que estaba vigente.

De todos modos, lo que subyace de fondo es la negativa de la Casa Rosada a seguir avalando un mecanismo de financiamiento que actuaba como un verdadero impuesto y la propuesta de que la Coviar siga funcionando, pero con aportes voluntarios del sector privado.

(Información en desarrollo)