“El sector ya paga U$S 103 por tonelada con las retenciones, solo en soja”, subrayaron desde la Sociedad Rural de Rosario, que manifestó su enojo con el fideicomiso que propone crear el Gobierno santafesino para mejorar los accesos a los puertos.

Un proyecto en el que viene trabajando el Gobierno de Santa Fe para generar un fideicomiso alimentado con U$S 1,5 por cada tonelada que ingrese a los puertos, y que sirva para solventar obras de mejoramiento de las rutas y caminos de acceso, está generando fuerte rechazo en el ámbito de las entidades rurales.

Este martes fue la Sociedad Rural de Rosario (SRR) la que salió a expresar su descontento al respecto, considerando que no se puede sobrecargar con otro costo a un sector como el agropecuario que ya sufre una presión impositiva asfixiante.

La semana pasada, cuando el plan de la administración de Maximiliano Pullaro había comenzado a trascender, había sido la Sociedad Rural Argentina (SRA) la primera en subrayar su queja al respecto.

CRÍTICAS DESDE ROSARIO

“Presunto fideicomiso para mejorar la infraestructura: mayor costo para la producción”, se titula el comunicado que dio a conocer la SRR y en el que expresó su total rechazo a la creación de este fideicomiso provincial para el mantenimiento y mejora de los accesos y rutas a los puertos de la Región Metropolitana de Rosario, a través de una nueva tasa sobre el transporte de cargas.

“Como siempre, se pretende cargar con más impuestos al sector primario de la producción, de manera directa, a través de la administración de un fideicomiso con el supuesto objetivo de financiar los accesos a las terminales portuarias y a la infraestructura vial en la región. Una vez más, frente a la falta de planificación y a la ausencia de decisiones de fondo, la salida vuelve a ser trasladar el costo al productor”, reclamó la entidad rosarina.

En este punto, objetó también que “nunca se discute qué pasó con los recursos que históricamente fueron creados para infraestructura ni por qué la política sigue sosteniendo estructuras millonarias mientras las rutas, accesos y la logística productiva continúan colapsadas”.

Como caso testigo, mencionó el impuesto nacional a los combustibles líquidos, que impacta en un 30% del valor de la nafta y el gasoil, y se supone que eso debería bastar para desarrollar la red vial.

“En la medida que pasó el tiempo, se lo usa para múltiples destinos quedando solo 28,5% de la recaudación del mismo aplicado a infraestructura vial”, enfatizó la SRR, que recordó que esto sucede mientras el agro consume aproximadamente 2.300 millones de litros de gasoil -1.000 en laboreos y 1.300 en transporte-, lo que significa el 16% del total nacional y representa “una contribución del orden de 156 millones de dólares al sistema vial nacional”.

El derrame de la cosecha récord: 850.000 camiones en 4 meses y U$S 3.800 millones en gasoil

EL DRAMA DE LAS RETENCIONES

En una jornada en la que desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvieron a insistir por el fin definitivo de las retenciones, la SRR sumó también un planteo al respecto.

“Ante una carga impositiva asfixiante, como los saldos técnicos de IVA, los anticipos de ganancias, entre otros, el gran aporte que hace el sector son los DEX (derechos de exportación), que para el caso de la soja alcanzan el 24%. Este año, con una producción del orden de los 48 millones de toneladas el sector, aportará unos 5.000 millones de dólares al erario público”, indicó la Rural rosarina.

A partir de esto, fundamentó que “el sector productivo rechaza la incorporación de esta tarifa de 1,5 U$S/Ton, por entender que ya está pagando 103 U$S/Ton en materia de retenciones solo de soja (24%) sumado a 1 U$S/Ton adicional en materia a impuesto de los combustibles líquidos aplicados a la infraestructura vial”.

Por otro lado, recordó que este fideicomiso se sumaría a las tasas municipales de localidades portuarias, que van desde $ 20.500 a $ 26.500, más el costo que surgirá del nuevo pliego de la Hidrovía que ronda de base los 3,8 U$S/Ton.

“En síntesis, nuevas retenciones encubiertas, que encarecen costos logísticos, reducen la rentabilidad del productor y quita competitividad a la provincia y al país. El productor no puede seguir siendo la variable de ajuste permanente de un sistema político que nunca revisa sus propios gastos y que, ante cada problema, vuelve a elegir el camino más fácil: crear una nueva carga sobre quienes producen y sostienen la economía real. Por todo esto instamos a la dirigencia que corresponda, que revise su actuación y corrija los excesos aquí mencionados”, cerró la SRR.

LA VISIÓN DE LA SRA

Hace una semana, había sido la Sociedad Rural la primera en expresarse al respecto, con el comunicado que se reproduce textual a continuación:

Ante las versiones sobre la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario, la Sociedad Rural Argentina considera necesario expresar su posición.

En primer lugar, entendemos la importancia estratégica de contar con una infraestructura vial adecuada, eficiente y sostenible, especialmente en regiones clave para la exportación agroindustrial.

En este sentido, destacamos el trabajo técnico e institucional que viene desarrollando la Bolsa de Comercio de Rosario, aportando diagnósticos y propuestas que contribuyen a visibilizar la magnitud de los desafíos logísticos en la región.

El estado de las rutas y accesos portuarios es un factor determinante para la competitividad del sector. Por eso, consideramos fundamental que los productores agropecuarios formen parte activa de este tipo de iniciativas, participando en los espacios de discusión y construcción de soluciones que impactan directamente en su actividad.

Sin embargo, advertimos que la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva.

Asimismo, consideramos que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una política integral, en la que el Estado nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

Reafirmamos nuestra disposición al diálogo constructivo con las autoridades y con las instituciones involucradas, con el objetivo de encontrar soluciones que mejoren la infraestructura sin comprometer la sustentabilidad económica de los productores.